Los propios datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) muestran que la política agroindustrial intervencionista aplicada por el gobierno de Alberto Fernández fue un completo fracaso en lo relativo al control del precio interno de los alimentos.

El informe del Indec muestra que en julio pasado el rubro de alimentos y bebidas se ubicó nada menos que en noveno lugar en el ranking inflacionario con un ajuste intermensual del 6,4%, una cifra casi un punto y medio inferior al promedio de la inflación minorista general.

Alguien podrá decir, bueno, eso se debe claramente a la política intervencionista del gobierno porque, de lo contrario, los precios estarían varios escalones más arriba.

Pero esa hipótesis, al analizar la evolución de precios minoristas de los diferentes rubros alimenticios, no aplica. Veamos: entre enero de 2021 y julio de 2022 los valores de la canasta láctea ajustaron un 137% con un mercado, tanto interno como externo, ultra-intervenido por el gobierno.

En cambio, las frutas ajustaron en ese mismo período apenas un 59% y se trata de un sector que no tiene ninguna regulación por parte del Estado nacional. La cuestión es que, debido a un falta de competitividad sistémica, mucha producción que debería tener como destino el mercado externo termina abarrotándose en un mercado interno con un poder de consumo crecientemente pauperizado.

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Los aceites, otro rubro súper regulado con precios máximos y un fideicomiso “redistribuidor”, también subieron en el período por encima del promedio general de los alimentos. Las empresas del sector se vienen quejando hace rato que el “planchazo” del valor mayorista de los aceites destinados al mercado local termina generando márgenes que quedan en manos de la cadena comercial.

Luego de los aceites, inmediatamente atrás siguen las verduras, hortalizas y legumbres con un ajuste del 129% en el último año y medio. Se trata de un sector, que si bien no cuenta con regulaciones estatales, resultó afectado –como el resto de los rubros y sectores económicos– por la depreciación salvaje del peso argentino y tuvo la suerte de poder trasladar (en promedio) el impuesto inflacionario a los consumidores.

Los productos panificados registraron una inflación del 124% en el último año y medio a pesar de contar con intervenciones de todo tipo y color, que van desde precios minoristas máximos hasta cupos de exportación y dos fideicomisos (uno de los cuales toma recursos de las exportaciones del complejo sojero para supuestamente redistribuir el 100% de tales fondos entre el sector molinero).

En lo que respecta a la canasta cárnica, integrada en su mayor parte por cortes bovinos, el hecho de que en el período, con un ajuste del 111%, no haya podido alcanzar al promedio general se explica más por el empobrecimiento del consumidor argentino (principal cliente del sector por lejos) que por la súper intervención oficial.

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Un problema sistémico inflacionario como el presente en la Argentina es producto de una emisión monetaria descontrolada y la única manera de solucionar ese problema es, precisamente, ajustar esa variable.