La confirmación oficial llegó esta semana de la mano del presidente Alberto Fernández: el Gobierno enviará este año al Congreso una ley de fomento al sector agroindustrial con la mirada puesta en potenciar las exportaciones. En este momento los equipos técnicos del gabinete económico junto a los líderes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) -con Gustavo Idígoras y José Martins a la cabeza- ultiman detalles del proyecto de ley que buscaría su promulgación antes de la próxima campaña agrícola. Ámbito accedió a los cuatro puntos fundamentales que tendrá esta iniciativa.

En primer lugar, uno de los artículos clave estará dirigido a promover las inversiones en el sector particularmente en bienes durables como maquinaria agrícola y equipos. El proyecto contemplaría como beneficio para el productor agropecuario la amortización acelerada de estos bienes y el recupero del IVA en las operaciones de compra. Una medida que impactaría no solo en la renovación de la plaza de maquinaria agrícola local, sino que también en mayores ingresos para las fábricas de maquinaria agrícola nacional.

El segundo ítem fundamental busca incentivar el uso de tecnología en los campos a través de beneficios impositivos y fiscales a partir de la compra de semillas autógamas fiscalizadas y fertilizantes. Aquí el Gobierno y el CAA discute cual sería el mecanismo ideal para facilitarlo y se evalúa desde la devolución del impuesto a las Ganancias en las facturas por estas operaciones hasta algún tipo de bono fiscal.

El tercer artículo clave en discusión tiene como protagonista a la producción ganadera. En lo que se refiere al engorde vacuno se discute la posibilidad de no gravar la tenencia o eximir del impuesto a las ganancias a partir de un determinado peso de faena, lo que redundaría en una mayor productividad cárnica. En paralelo también se buscará incrementar el rodeo con otros beneficios impositivos.

El cuarto y último punto estará dirigido a ordenar y promover la estructuración de fideicomisos en el sector, una herramienta financiera que tiempo fue muy utilizada en el sector, tanto por las empresas de insumos como por los productores que buscaban asociarse para desarrollar grupos de siembra.

El proyecto de Ley que tiene un total de 16 artículos que actualmente están siendo pulidos por el equipo económico del Gobierno y los representantes del CAA llegaría al Congreso para su tratamiento antes de la próxima campaña agrícola. Es decir, el objetivo es que los productores cuenten con un horizonte de incentivos y previsibilidad de cara a la toma de decisiones de la próxima siembra de trigo, lo que en líneas generales tendría que ser semanas antes de mayo próximo.

Para cumplir con esta meta durante las próximas semanas se acelerarán las reuniones entre los equipos técnicos y en simultáneo los representantes del CAA mantendrán encuentros con los diversos bloques de diputados y senadores.

Quizás lo más disruptivo de esta iniciativa es que nació de la mano del sector agroindustrial que por primera vez en su historia logró reunir más de 40 entidades y cámaras bajo una misma coalición para llevar una propuesta de desarrollo. En tanto, desde el Gobierno desde un comienzo recibieron con entusiasmo este plan que hoy tiene el visto bueno del propio presidente.

En este marco, el Director Ejecutivo la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, detalló en diálogo con Ámbito los alcances que tendría para su sector la promulgación de esta ley: “Estamos con muy buenas expectativas y esperamos que la voluntad política acompañe la rápida sanción de esta Ley. Particularmente en el negocio de las semillas actualmente hay capacidad instalada ociosa en la producción, específicamente de las autógamas en función del poco uso de semilla fiscalizada en los campos. Por eso entendemos que, si estos incentivos se concretan, el productor afinará sus cuentas y verá que le conviene utilizar semillas fiscalizada lo que redundará en un importante cambio cultural y por supuesto mayor demanda. Además, estamos hablando no solo de soja sino también de trigo, legumbres, maní, algodón, etc. Es decir, si hay un mayor uso de semilla fiscalizada eso también movilizará al multiplicador, al vendedor, al transporte, a toda la cadena”.

A modo de cierre Paseyro indicó: “La promulgación de esta ley no solo será una muy buena señal del Gobierno para el campo sino también del sector hacia adentro, porque si esta iniciativa que nació de la mano del CAA logra su éxito, marca un precedente importante que nos tiene que incentivar a continuar trabajando en otros temas de la mano del diálogo y el consenso”.

Yanina Otero