En el ejercicio parcial cerrado el pasado 28 de febrero la utilidad neta de la empresa molinera fue de apenas 3,13 millones de pesos (unos 22.000 dólares al tipo de cambio “dólar MEP), mientras que –en pesos constantes– en el mismo período del año pasado la ganancia había sido de 33,5 millones pesos.

La caída de la actividad económica presente en el mercado argentino provocó una caída considerable de las ventas de los productos especiales elaborados por la empresa, entre los cuales se incluyen harinas, gluten, almidones nativos y modificados, dextrinas, proteínas y premezclas que se emplean en industrias tan diversas como la alimenticia, frigorífica, textil y papelera. También desmejoraron las ventas externas.

“Los precios de venta no pudieron recuperarse respecto del deterioro sufrido el trimestre anterior en relación al costo del trigo, el que mantuvo una tendencia alcista, por lo que la rentabilidad sigue disminuida en relación a períodos anteriores”, comentó la empresa argentina en el balance presentado hoy ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“Asimismo, tampoco se presenta muy claro el panorama respecto del abastecimiento de trigo. El año pasado la exportación había comprado 15,5 millones de toneladas, las cuales tuvo que vendérselos a los molinos al no obtener permisos para exportar. Este año la exportación solamente ha comprado 9,3 millones de toneladas, el resto está en manos de los productores. Si la cosecha gruesa es razonablemente voluminosa, le va a costar a la molinería comprar el trigo”, proyectó.

Por este motivo, la empresa informó que “ha encarado una agresiva política de compra de trigo, la que también ha tenido como efecto un aumento en el endeudamiento bancario”.

Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe resolvió rechazar el Informe Ambiental de Cumplimiento presentado por Molinos Juan Semino relacionado con un supuesto impacto ambiental causado por la represa que el mismo tiene sobre el río Carcarañá, la cual es utilizada por la firma para, conjuntamente con una central hidroeléctrica de su propiedad, generar un alto porcentaje de la energía eléctrica consumida en el proceso productivo.

Como consecuencia de dicho rechazo, la provincia de Santa Fe determinó que la empresa debe presentar un plan de desmantelamiento o remoción de la represa. “Los costos derivados de una eventual remoción de la represa y central hidroeléctrica de propiedad de esa sociedad conforme a la resolución (provincial) podrían tener un impacto significativo en los resultados y el patrimonio de la sociedad”, alertó Molinos Juan Semino.