La segunda serie de metas trimestrales, que vencerán la semana que viene, corren bajo presión por el bajo nivel de acumulación de reservas que consiguió el Banco Central y la aceleración del gasto público de los últimos meses. Por esa razón, el Gobierno espera que el Fondo Monetario Internacional habilite este viernes un recálculo de esos objetivos previstos para fin de junio, de manera de no poner en peligro el cumplimiento del acuerdo.

La sesión que tendrá lugar en el directorio del organismo mañana tendrá en la agenda, cuando discuta el caso argentino, dos temas en la mesa: por un lado, la aprobación de la primera evaluación de metas, es decir las que tuvieron lugar hasta el 31 de marzo. Tanto el Poder Ejecutivo como el staff técnico del FMI descuentan que esos primeros números estuvieron dentro de los parámetros del programa acordado, por lo que el máximo órgano de decisión del Fondo Monetario respaldará esa revisión.

Esa luz verde destrabará el segundo desembolso de divisas hacia Buenos Aires desde que se puso en marcha el acuerdo. En marzo habían sido 7.000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que representó unos USD 9.700 millones, de los cuales quedaron en forma neta en el Banco Central unos USD 6.300 millones tras el pago de intereses al propio organismo.

La sesión que tendrá lugar en el directorio del organismo mañana tendrá en la agenda, cuando discuta el caso argentino, dos temas en la mesa: por un lado, la aprobación de la primera evaluación de metas y por otro la recalibración de objetivos del segundo semestre
Ese segundo giro de dólares desde Washington implicará USD 4.000 millones más para la autoridad monetaria, aunque una parte de ese total se destinará a devolver el préstamo Stand By de 2018 al Fondo Monetario, de acuerdo al calendario vigente. De acá a finales de septiembre, la Casa Rosada tiene comprometidos pagos al organismo por poco más de USD 4.900 millones más.

De todas formas, tanto en Buenos Aires como en el staff del FMI entienden que la discusión del cumplimiento de las metas del primer trimestre no será el tema más importante cuando el directorio trate el caso argentino. El debate que vale es el que llegará después: cómo marchan -provisoriamente, porque la evaluación formal será en agosto o septiembre- los objetivos trimestrales del período que va de abril hasta la semana que viene. Es en ese momento en que los números se vuelven más nebulosos.

Eso sucede porque la intención del Ministerio de Economía, que cuenta con el aval del equipo técnico del Fondo Monetario, es “recalibrar” las metas intermedias trimestrales, es decir, modificar la secuencia de acumulación de reservas y de déficit primario por la que el Gobierno llegaría a cumplir los objetivos anuales previstos.

El argumento oficial es que, en términos de acopio de divisas en el Banco Central, por ejemplo, el impacto de la guerra fue tal que la estacionalidad habitual de ingreso fuerte de dólares a la autoridad monetaria por la liquidación del complejo agroexportador se vio trastocada por el gasto adicional que tuvo que hacer el Poder Ejecutivo para pagar las importaciones de energía para los meses fríos a precios mucho más altos que el año pasado.

En el frente fiscal, dicen, hubo una aumento del gasto público por el refuerzo de ingresos que el Gobierno determinó para un sector del mercado laboral y para jubilados, que tendría un costo para el Tesoro que rondará los $210.000 millones y que impactarán en las cuentas públicas de mayo y junio. Además de un incremento en los subsidios energéticos por el shock de precios internacional.

Ese segundo giro de dólares desde Washington implicará USD 4.000 millones más para la autoridad monetaria, aunque una parte de ese total se destinará a devolver el préstamo Stand By de 2018 al Fondo Monetario
Esos dos elementos configuran, según la lectura que hacen en el equipo económico, la necesidad de recalibrar las metas trimestrales que finalizan el 31 de junio. Según estimaciones privadas, el Banco Central solamente pudo reconstituir un cuarto de los USD 4.100 millones que debería haber acumulado a esta altura del año, calculó la consultora Sarandí. En despachos oficiales aseguran que contaban, a esta altura del año, con desembolsos de financiamiento neto de organismos internacionales como el BID, el CAF o Fonplata que ahora se esperan recién para el tercer trimestre, que podrían “reajustar” la meta hacia abajo.

Las metas trimestrales expresadas en pesos tienen, en ese sentido, un factor adicional que podría hacerlas cambiar en el corto plazo: la nueva estimación de inflación que blanqueó el Gobierno la semana pasada luego de presentar el decreto presupuestario. Así, la expectativa oficial de suba de precios pasó de tener un tope de 48% anual acordado con el FMI a un rango de entre 52% y 62%, aún así lejos de las previsiones del sector privado. Esa nueva nominalidad que será inherente al sendero proyectado por el Gobierno debería implicar, por lógica, que los objetivos trimestrales sean distintos, más allá de que en términos reales todavía sostienen el 2,5% del PBI de déficit primario hacia fin de año.

La hoja de ruta original con el Fondo Monetario preveía que a fines de junio el rojo primario debería ser, como mucho, de $566.000 millones. Con los números oficiales hasta mayo, ese número acumulado sería de $462.000 millones, por lo que el margen de acción fiscal que tendría el Gobierno para este mes sería de poco más de $100.000 millones más de déficit primario, un objetivo que resultaría ambicioso considerando que en junio impactará la segunda parte del pago de refuerzo de ingresos por unos $85.000 millones.

Por último, respecto a la asistencia monetaria desde el Banco Central al Tesoro Nacional, el número acumulado hasta este miércoles era de $292.000 millones, según datos del BCRA, con una meta trimestral que finaliza la semana próxima de $438.500 millones. Esta meta sería la menos problemática para cumplir para el Gobierno, más allá de que ese límite, al estar expresado en pesos, pueda terminar por cambiar con la nueva proyección inflacionaria. Hay, de todas formas, un asterisco para hacer sobre este aspecto.

La meta de acumulación de reservas es la más difícil de cumplir si se mantuviera la hoja de ruta original con el FMI. En el frente fiscal y monetario, el Gobierno tiene un margen mayor, de $100.000 millones adicionales de déficit primario y $145.000 millones de emisión
El Gobierno vendió a fines de mayo al BCRA la mitad de su tenencia de DEGs del FMI que había conseguido de manera “neta”, es decir, que no serán utilizados para pagar vencimientos de deuda y que según el acuerdo pueden ser utilizados como “apoyo presupuestario”. El uso que le dio el Tesoro a esos DEGs fue cancelar (devolver) parte de la asistencia que hizo el Banco Central al Ministerio de Economía a lo largo del año, lo que le dio así al Ejecutivo un margen mayor para, cuando lo necesite, volver a acudir a esa herramienta.

En los despachos oficiales son optimistas sobre la habilitación que daría el directorio del organismo para establecer una hoja de ruta modificada con una secuencia distinta a la original. Un cambio de esa naturaleza, a priori, evitaría que el Gobierno tuviera que solicitar un waiver (dispensa) porque, por el momento, la meta anual permanece firme.

El directorio, en resumen, dictaminará sobre la primera revisión y podría dar un visto bueno para ese recálculo de objetivos trimestrales, pero solo para el segundo. Si el Gobierno necesitara eventualmente una recalibración también para el tercer trimestre, eso deberá ser analizado por el staff y el directorio cuando tenga lugar la próxima evaluación en agosto o septiembre.